Viernes 27 de Enero de 2012 |

Cuando el machismo mata: qué hacer

282 niñas y mujeres fueron asesinadas en el 2011 en el país, en casos en los que a menudo eran tratadas por el varón como de su propiedad. La escalofriante cifra desató críticas a la falta de políticas públicas de prevención y un debate sobre una reforma penal.

"Te gané Juan, me la llevé yo César" fue el mensaje que dejó grabado con birome sobre el vientre de Daiana García su novio. La asfixió hasta matarla cuando dormía el 14 de enero de 2008, luego de que ella decidiera terminar la relación. Daiana tenía 14 años y cursaba el sexto mes de embarazo cuando murió a manos de César Offidani, de 26, quien según las pericias de la investigación la consideraba de su propiedad. La muerte de la joven fue el desenlace fatal de una historia de violencia y dominación que miles de mujeres sufren en su vida cotidiana en nuestro país.

Ese año, el 2008, la asociación civil La Casa del Encuentro hizo el primer relevamiento de femicidios de Argentina sobre la base de los casos publicados en los medios de comunicación: 165 fue el número. Las cifras del 2011 alarman: 282 mujeres y niñas fueron asesinadas (un incremento del 41%) por causas vinculadas con la violencia de género, según los medios. Siete de esos crímenes fueron reportados en Río Negro (tres) y Neuquén (cuatro).

El 12 de enero pasado Rosa Quinteros (70) fue asesinada por su marido José Castillo de un disparo en la sien, en Pomona. El femicida se quitó la vida pero antes le avisó al hijo: "Me mandé una macana". Rosa se convirtió así en la primera víctima de femicidio conocida en la región del 2012. La mujer había realizado una presentación judicial denunciando que era víctima de maltrato.

Los datos del informe que desde hace cuatro años realiza el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano de la asociación La Casa del Encuentro reavivan el debate sobre las respuestas que deben dar las instituciones del Estado a la problemática de la violencia contra las mujeres, que parece agravarse año a año.

Dos ejes aparecen como preocupaciones: por un lado, las políticas públicas que deberían implementarse en materia de prevención y, por el otro, las penas para quienes cometen estos crímenes conocidos como "femicidios" por perpetrarse contra mujeres en un marco de relaciones de poder desiguales que las ubican en un lugar de subordinación e indefensión respecto de los varones.

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En Neuquén, el juicio que se llevó a cabo a fines del año pasado por el crimen de Micaela Recchini, ocurrido en Rincón de los Sauces en el 2010, abrió la polémica sobre el Código Penal argentino. La joven de 25 años fue asesinada en plena calle por su cónyuge Héctor Cortez, quien le asestó varios golpes en la cabeza con un elemento contundente. "Le pegué a Micaela, y esta vez le pegué mal", le confesó minutos después de cometer el crimen a una médica, pero durante el juicio aseguró ser inocente. A Cortez no se lo condenó a cadena perpetua como prevé la agravante por el vínculo "porque no estaban casados legalmente". Sin embargo, la relación con la víctima estaba probada, ya que convivieron durante ocho años y tenían dos hijos. De todas maneras, la condena a 23 años de prisión fue recibida positivamente por la familia de la joven y las organizaciones que la acompañaron.

La preocupación por las penas que corresponden a este tipo de crímenes llegó con fuerza a las instancias legislativas el año pasado. Siete proyectos que aún descansan en el Congreso de la Nación plantean la necesidad de incorporar la figura del femicidio al Código Penal o agravar las penas cuando exista vínculo probado entre víctima y victimario.

Asimismo, durante el 2011 las legislaturas de Río Negro y Neuquén emitieron declaraciones instando al Congreso de la Nación a que aborde este debate. Ante los datos alarmantes que van surgiendo, se espera que este año se avance firmemente en el tratamiento de estas iniciativas.

Políticas públicas y régimen penal

Las opiniones son divergentes cuando se profundiza en la problemática de la violencia contra las mujeres y las respuestas institucionales a la misma. No hay acuerdo unánime sobre la conveniencia o no de incorporar el femicidio como una figura autónoma en el Código Penal.

Las voces convergen, sin embargo, en la necesidad de mejorar la prevención y el acceso de las mujeres a la Justicia y de contar con estadísticas oficiales que permitan tener un panorama más real y acabado de la problemática.

El juez de instrucción penal de Bariloche Martín Lozada opina que un abordaje desde la sola perspectiva de la sanción sin que forme parte de un proceso de profundización de índole social y cultural podría derivar en una suerte de "inflación punitiva y demagogia penal con la creación de normas que no van a satisfacer los fines a los que están llamadas, en este caso a prevenir la violencia de género en todas sus formas".

Ada Rico, directora general del Observatorio de Femicidio, señaló que "es indispensable que este año se traten los proyectos que hay en el Congreso, principalmente porque es una forma de encontrar una respuesta dentro de las instancias jurídicas en materia de sanción". Consideró que lo que se busca es "evitar la impunidad en los casos de femicidio, donde siempre se busca aplicar la pena mínima o de alguna forma justificar al agresor para evitar una condena mayor". El Observatorio reclamó este año un "Diálogo/Pacto/Consenso Social, Político de Emergencia" orientado a diseñar un "Plan nacional para la erradicación de la violencia de género". (Ver aparte)

Por su parte, desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) están de acuerdo con las iniciativas legislativas que proponen ampliar las agravantes para los casos de homicidio pero plantean algunas objeciones sobre la incorporación de un tipo penal nuevo.

"En algunos de estos proyectos la descripción del femicidio es muy amplia, muy imprecisa. Algunos hablan del que mate a una mujer por el hecho de ser mujer o en razón de género. ¿Cómo probás eso? La dificultad es probatoria y entonces la dificultad es de aplicación del tipo penal", aporta Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. "En el caso de los que gravan las penas sólo porque un hombre mató a una mujer, nos parece que eso tiene problemas de técnica legislativa y problemas de compatibilidad con el orden constitucional", añade.

Lozada opina, en tanto, que "no es sensato abonar una suerte de fetichismo penal a partir del cual uno cree que a través de la incorporación de una determinada figura en el Código Penal se van a solucionar algunos temas conflictivos de nuestra sociedad". Para el magistrado "las iniciativas tendientes a incorporar una figura autónoma en el Código Penal o bien las dirigidas a agravar las penas existentes tienen sentido en la medida en que vengan acompañadas de otras medidas de índole cultural".

En tanto, el abogado penalista Marcelo Hertsriken Velasco, querellante en la causa por el femicidio de Micaela Recchini, cree que sería interesante incorporar la figura del femicidio "aludiendo a la casuística de que hoy hay un mayor disvalor en atentar contra una mujer". Apunta que "el Código Penal es un resumen de las conductas que la sociedad considera disvaliosas y que quiere punir (…) por una cuestión de política criminal hay que mandar un mensaje claro de que atentar contra una mujer hoy merece mayor pena (...) quizá dentro de 20 años tendremos que decir que no, que somos todos iguales".

Acceso a la Justicia: en deuda

Se han dado pasos en materia de derechos, como la sanción, en el 2006, de la ley 26485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales). Sin embargo, los expertos coinciden en que el día a día muestra un gran vacío institucional que deja a miles de mujeres desamparadas ante la Justicia.

"El acceso a la Justicia no se soluciona ni con la comisaría de la mujer ni con incorporar más efectivos a la fuerza. Si no cambian los planes de estudio y la formación, incluso la visión de las mujeres en los puestos de poder, tanto en la administración de justicia como en las agencias policiales se reproduce el discurso de maltrato (…) son funcionales y creen que ejercer la autoridad es reproducir el modelo de vinculación que uno aborrece que es el machismo", opina Hertsriken Velasco.

"Tenemos una ley de violencia que es muy avanzada pero no se le designa presupuesto, no existe la prevención y la Justicia aparece cuando ya hay un hecho consumado. Eso no es justicia, es sanción. Para nosotras lo principal es la exigencia a este gobierno y a este Estado para la prevención de la violencia", opina por su parte la psicóloga social Estela Cavazzoli, de la agrupación de Neuquén Las del Encuentro, quienes apoyan la tipificación del femicidio.

La militante social señala que hay muchas cosas para cambiar y que el sistema judicial "también es injusto para los varones".

Aportando a la discusión, el juez Lozada concluye que "si el establecimiento de una norma penal no viene de un proceso de reflexión colectiva muy profunda en relación con las estructuras que tornan viable el ejercicio de la violencia contra la mujer, me parece que esta norma está llamada al fracaso y a lo que los penalistas conocemos como derecho penal simbólico: una suerte de gatopardismo de que cambie algo para que en definitiva no cambie nada y que se traduciría en introducir una norma prohibitiva en el Código Penal cuando en realidad las causas generadores de violencia contra la mujer permanecen vivas".

Sin duda, el debate parlamentario que se viene en torno a las sanciones para los casos de violencia de género incorporará a la discusión las materias pendientes en cuanto a políticas públicas de prevención. Sin embargo, también existe una demanda social respecto de la sanción de los femicidios alimentada fundamentalmente por los casos impunes.

Son todos elementos que deberán ponerse sobre la mesa a la hora de votar una nueva norma penal.